Hoy se cumple un nuevo aniversario de uno de los días que partió en dos la historia de Chile. El 11 de septiembre de 1973 no fue solo un golpe de Estado militar; fue el derrumbe violento de un proyecto democrático y el inicio de una de las dictaduras más brutales que recuerde América Latina.
El bombardeo a La Moneda y la muerte del presidente constitucional Salvador Allende marcaron el inicio de un régimen encabezado por Augusto Pinochet que, durante 17 años, gobernó con puño de hierro. Bajo la excusa de restablecer el orden, se instauró un sistema de terror sistemático. Los centros de detención y tortura, como Villa Grimaldi y Londres 38, se volvieron símbolos de una maquinaria estatal diseñada para aterrorizar y eliminar disidencias. Más de 3,000 personas fueron ejecutadas o desaparecidas, y decenas de miles sufrieron el horror de la prisión política y la tortura, cifras que la Mesa de Diálogo y los informes Rettig y Valech se encargaron de documentar de manera dolorosamente oficial.
La transición a la democracia en 1990 trajo de vuelta las libertades públicas y la esperanza. Sin embargo, vino acompañada de un pacto de silencio y una arquitectura legal diseñada desde el poder saliente para garantizar la impunidad. La Constitución de 1980, aún vigente aunque en proceso de cambio, es la herencia jurídica de ese régimen.
La impunidad, entonces, no es un vacío casual, sino una condición deliberada. Si bien hubo procesos ejemplares y algunos victimarios cumplen condena, la gran mayoría de los responsables nunca ha enfrentado a la justicia. Las leyes de amnistía iniciales (posteriormente dejadas sin efecto), los tribunales militares, la dilación de los procesos y la muerte de muchos perpetradores sin condena han dejado a miles de víctimas y familiares sin el derecho fundamental a la verdad, la justicia y la reparación completa.
Esta impunidad vigente no es solo un tema del pasado; es una herida abierta que socava los cimientos del presente. Pregunta, de manera incómoda, sobre la calidad de nuestra democracia y nuestro compromiso real con los derechos humanos. Mientras los crímenes de lesa humanidad queden sin castigo, mientras no se desvele toda la verdad sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, la sombra larga de la dictadura seguirá proyectándose sobre el Chile de hoy. Recordar no es solo un ejercicio de memoria, es una demanda activa de justicia que sigue pendiente.
Hoy se cumple un nuevo aniversario de uno de los días que partió en dos la historia de Chile. El 11 de septiembre de 1973 no fue solo un golpe de Estado militar; fue el derrumbe violento de un proyecto democrático y el inicio de una de las dictaduras más brutales que recuerde América Latina.
El bombardeo a La Moneda y la muerte del presidente constitucional Salvador Allende marcaron el inicio de un régimen encabezado por Augusto Pinochet que, durante 17 años, gobernó con puño de hierro. Bajo la excusa de restablecer el orden, se instauró un sistema de terror sistemático. Los centros de detención y tortura, como Villa Grimaldi y Londres 38, se volvieron símbolos de una maquinaria estatal diseñada para aterrorizar y eliminar disidencias. Más de 3,000 personas fueron ejecutadas o desaparecidas, y decenas de miles sufrieron el horror de la prisión política y la tortura, cifras que la Mesa de Diálogo y los informes Rettig y Valech se encargaron de documentar de manera dolorosamente oficial.
La transición a la democracia en 1990 trajo de vuelta las libertades públicas y la esperanza. Sin embargo, vino acompañada de un pacto de silencio y una arquitectura legal diseñada desde el poder saliente para garantizar la impunidad. La Constitución de 1980, aún vigente aunque en proceso de cambio, es la herencia jurídica de ese régimen.
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Esta impunidad vigente no es solo un tema del pasado; es una herida abierta que socava los cimientos del presente. Pregunta, de manera incómoda, sobre la calidad de nuestra democracia y nuestro compromiso real con los derechos humanos. Mientras los crímenes de lesa humanidad queden sin castigo, mientras no se desvele toda la verdad sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, la sombra larga de la dictadura seguirá proyectándose sobre el Chile de hoy. Recordar no es solo un ejercicio de memoria, es una demanda activa de justicia que sigue pendiente.