La derogación de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida no fue solo un acto jurídico o político; fue un grito colectivo que atravesó décadas de silencio forzado. Fue el repudio institucional a la idea de que algunos crímenes pueden, con el paso del tiempo, volverse insignificantes o, peor aún, prescribir. Una sociedad que pacta el olvido con su historia es una sociedad que renuncia a comprenderse a sí misma, que elige vivir en una casa cuyos cimientos no se atreve a mirar por miedo a encontrar las grietas de la injusticia.
Aquellas leyes, sancionadas en un momento de frágil democracia, pretendieron trazar una línea imaginaria sobre un abismo de dolor. Fueron una concesión hecha a los demonios del miedo, una especie de pacto de caballeros con los verdugos para que permitieran al país avanzar, aunque fuera cojeando. Pero la memoria es tozuda. No se deja encerrar en un cajón con leyes ni decretos. Siguió viva en las rondas de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, en los relatos fragmentados de los sobrevivientes, en la mirada interrogante de una generación que creció con fotos vacías en las paredes.
Derogar esas normas fue, por lo tanto, mucho más que anular artículos en un código legal. Fue restituirle al Estado su rol fundamental: el de garante de justicia. Fue decirles a las víctimas que su dolor no era un expediente archivado, sino una herida abierta en el cuerpo de la nación que exigía sanción y reparación. Fue reconocer que no hay reconciliación posible sin verdad, ni paz duradera sin el ejercicio pleno de la justicia.
Este proceso no ha sido un camino lineal ni exento de tensiones. Ha enfrentado resistencias férreas, intereses creados y una narrativa cansada que pregona “dejar el pasado atrás”. Sin embargo, perseverar en él es la prueba de fuego de nuestra madurez democrática. Nos define como una comunidad que se atreve a mirar de frente su historia más oscura, no para revivir el odio, sino para extraer de ella la lección más clara: que la impunidad no es el precio de la paz, sino la semilla de nuevas violencias.
Y es en ese sentido que cada juicio, cada sentencia, cada testimonio es un acto cotidiano de construcción ciudadana. Es la reafirmación de que en Argentina los derechos humanos son innegociables y que la memoria no es un museo estático, sino una brújula que nos orienta hacia un futuro donde la justicia no sea un privilegio, sino un derecho fundamental para todos.
La derogación de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida no fue solo un acto jurídico o político; fue un grito colectivo que atravesó décadas de silencio forzado. Fue el repudio institucional a la idea de que algunos crímenes pueden, con el paso del tiempo, volverse insignificantes o, peor aún, prescribir. Una sociedad que pacta el olvido con su historia es una sociedad que renuncia a comprenderse a sí misma, que elige vivir en una casa cuyos cimientos no se atreve a mirar por miedo a encontrar las grietas de la injusticia.
Aquellas leyes, sancionadas en un momento de frágil democracia, pretendieron trazar una línea imaginaria sobre un abismo de dolor. Fueron una concesión hecha a los demonios del miedo, una especie de pacto de caballeros con los verdugos para que permitieran al país avanzar, aunque fuera cojeando. Pero la memoria es tozuda. No se deja encerrar en un cajón con leyes ni decretos. Siguió viva en las rondas de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, en los relatos fragmentados de los sobrevivientes, en la mirada interrogante de una generación que creció con fotos vacías en las paredes.
Derogar esas normas fue, por lo tanto, mucho más que anular artículos en un código legal. Fue restituirle al Estado su rol fundamental: el de garante de justicia. Fue decirles a las víctimas que su dolor no era un expediente archivado, sino una herida abierta en el cuerpo de la nación que exigía sanción y reparación. Fue reconocer que no hay reconciliación posible sin verdad, ni paz duradera sin el ejercicio pleno de la justicia.
Este proceso no ha sido un camino lineal ni exento de tensiones. Ha enfrentado resistencias férreas, intereses creados y una narrativa cansada que pregona “dejar el pasado atrás”. Sin embargo, perseverar en él es la prueba de fuego de nuestra madurez democrática. Nos define como una comunidad que se atreve a mirar de frente su historia más oscura, no para revivir el odio, sino para extraer de ella la lección más clara: que la impunidad no es el precio de la paz, sino la semilla de nuevas violencias.
Y es en ese sentido que cada juicio, cada sentencia, cada testimonio es un acto cotidiano de construcción ciudadana. Es la reafirmación de que en Argentina los derechos humanos son innegociables y que la memoria no es un museo estático, sino una brújula que nos orienta hacia un futuro donde la justicia no sea un privilegio, sino un derecho fundamental para todos.