Hace cinco años, en una madrugada que aún late en la memoria colectiva, el Senado argentino convirtió en ley el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Las calles fueron un río verde, una respiración contenida durante décadas que al fin se hizo grito. Aquella noche no fue solo un triunfo parlamentario: fue la consagración de una lucha que había nacido mucho antes, en los cuerpos y las voces de las mujeres que se negaron a morir en silencio.
La Ley 27.610 no cayó del cielo ni fue una concesión del poder. Fue el resultado de años de organización, de pedagogía social, de marchas, vigilias, pañuelos y nombres que se volvieron bandera. Fue la respuesta a una injusticia que había dejado a miles de mujeres y personas gestantes fuera del amparo del Estado, condenadas a la clandestinidad o al castigo. Detrás de esa conquista hubo un movimiento que supo unir generaciones, que transformó la consigna feminista en una causa nacional, que instaló en el corazón de la sociedad argentina una verdad simple: decidir no es un privilegio, es un derecho.
Cinco años después, el desafío ya no es conquistar la ley, sino defenderla. En un clima político que tiende al retroceso y a la deshumanización del debate público, la legalidad del aborto vuelve a ser objeto de ataque. Se cuestiona su implementación, se recortan presupuestos, se multiplican los obstáculos en hospitales y provincias donde la objeción de conciencia se usa como trinchera ideológica. En algunos sectores, la misma violencia simbólica que antes criminalizaba a las mujeres ahora se disfraza de “libertad de conciencia”, como si la desobediencia institucional fuera un derecho superior al de la salud pública.
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Pero la ley no se defiende solo con argumentos jurídicos; se defiende en la práctica cotidiana, en cada consultorio que garantiza un aborto seguro, en cada médica que acompaña sin juzgar, en cada docente que enseña educación sexual integral, en cada adolescente que levanta un pañuelo verde y dice “mi cuerpo es mío”. El verdadero triunfo de 2020 no fue solo legalizar el aborto, sino despatologizar el deseo y devolver a las mujeres la soberanía sobre su propio cuerpo.
La interrupción voluntaria del embarazo es, ante todo, una política de justicia social. Protege a quienes antes estaban más expuestas, reconoce la autonomía de las personas gestantes y reduce la desigualdad entre quienes pueden decidir y quienes no. Su vigencia no se mide en cifras, sino en vidas salvadas, en miedo abolido, en libertad conquistada.
Hoy, cuando los discursos reaccionarios intentan reinstalar la culpa y el castigo, conviene recordar que ninguna ley nace para dormirse en los libros. Cada derecho requiere vigilancia, cuidado, persistencia. La marea verde no fue una moda: fue una revolución ética. Y como toda revolución profunda, todavía incomoda.
Cinco años después, la ley sigue siendo mucho más que un texto legal. Es una promesa viva: la de un país que se animó a mirar su historia con honestidad y a elegir la vida digna sobre la hipocresía. Defenderla es honrar a quienes lucharon por ella y asegurar que las generaciones que vienen no tengan que volver a pedir permiso para decidir sobre su propio cuerpo.