Hablar de las trabajadoras sexuales sigue siendo, en muchos espacios, una forma de romper un silencio impuesto por siglos de hipocresía. Se las nombra desde la sospecha, se las discute sin escucharlas, se legisla sobre sus cuerpos sin reconocer su voz. En el centro de esa violencia simbólica y material late una negación persistente: la de su condición de trabajadoras.
El trabajo sexual es, antes que nada, trabajo. Negar esa realidad no la hace desaparecer: solo empuja a miles de mujeres y disidencias a la clandestinidad, donde la explotación, la violencia policial y la impunidad se vuelven norma. En lugar de garantizar derechos, el Estado —y una parte importante de la sociedad— reproduce el estigma. Se las persigue en nombre de la moral mientras se las abandona a su suerte, como si el castigo social fuera una forma aceptable de política pública.
Reivindicar a las trabajadoras sexuales no implica ignorar las múltiples violencias que atraviesan el comercio del cuerpo. Implica, precisamente, enfrentarlas con herramientas reales: legislación, seguridad, salud, protección sindical, acceso a la justicia. La precariedad no se combate con persecución ni con silencios piadosos, sino con derechos.
Cada mujer, cada persona que intercambia su tiempo, su energía o su erotismo por dinero merece la protección del Estado y el respeto social. Reconocer su trabajo es reconocer su humanidad. Negarlo es perpetuar un orden patriarcal que se nutre de la desigualdad y del control sobre los cuerpos ajenos.
Las trabajadoras sexuales no piden compasión, sino justicia. No piden ser salvadas, sino ser escuchadas. Piden lo que cualquier trabajadora exige: condiciones dignas, protección frente a la violencia y libertad para decidir sobre su vida.
Defenderlas es defender el principio más elemental de una democracia: que ningún cuerpo sea criminalizado por sobrevivir. En una sociedad que se dice igualitaria, no puede haber ciudadanas de segunda. Su lucha —silenciosa, valiente, cotidiana— es también la nuestra: la de construir un país donde el trabajo no sea una condena, sino un derecho.
Hablar de las trabajadoras sexuales sigue siendo, en muchos espacios, una forma de romper un silencio impuesto por siglos de hipocresía. Se las nombra desde la sospecha, se las discute sin escucharlas, se legisla sobre sus cuerpos sin reconocer su voz. En el centro de esa violencia simbólica y material late una negación persistente: la de su condición de trabajadoras.
El trabajo sexual es, antes que nada, trabajo. Negar esa realidad no la hace desaparecer: solo empuja a miles de mujeres y disidencias a la clandestinidad, donde la explotación, la violencia policial y la impunidad se vuelven norma. En lugar de garantizar derechos, el Estado —y una parte importante de la sociedad— reproduce el estigma. Se las persigue en nombre de la moral mientras se las abandona a su suerte, como si el castigo social fuera una forma aceptable de política pública.
Reivindicar a las trabajadoras sexuales no implica ignorar las múltiples violencias que atraviesan el comercio del cuerpo. Implica, precisamente, enfrentarlas con herramientas reales: legislación, seguridad, salud, protección sindical, acceso a la justicia. La precariedad no se combate con persecución ni con silencios piadosos, sino con derechos.
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