Cuando Gandhi emprendió la Marcha de la Sal en 1930, no estaba solo protestando contra un impuesto británico. Estaba desnudando la paradoja más cruda del colonialismo: cómo un sistema opresor depende de la complicidad económica de los oprimidos. Aquel acto aparentemente modesto —recoger sal en la playa en desafío al monopolio británico— contenía una lección profunda: la resistencia puede tomar la forma de una negación silenciosa pero masiva a participar en la propia explotación. Era un boicot, sí, pero también era un acto de reafirmación cultural y autonomía política.
Hoy, miles de kilómetros y décadas después, ese mismo principio late en el movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones). No es casualidad que sus estrategias evoquen las luchas anticoloniales del siglo XX. Frente a la ocupación israelí y la crisis humanitaria en Gaza, la propuesta es similar: utilizar la presión económica y cultural no como un fin, sino como un lenguaje de protesta capaz de traspasar fronteras y forzar accountability donde los mecanismos diplomáticos han fallado.
Claro, los contextos son distintos. El imperio británico en India y la ocupación israelí en Palestina responden a realidades históricas diferentes. Pero el hilo que los une es la convicción de que las estructuras de poder, por más asimétricas que sean, son vulnerables al rechazo organizado. Así como los telares de Gandhi hilaban algodón indio para romper con los textiles británicos, hoy artistas, académicos, universidades y fondos de inversión se desvinculan de empresas e instituciones que sostienen la ocupación.
El movimiento BDS, como la resistencia gandhiana, ha sido criticado, caricaturizado e incluso criminalizado. Se lo acusa de simplificar un conflicto complejo o de fomentar divisiones. Pero no ignoremos su esencia: es una herramienta pacífica en escenarios donde la violencia parece ser el único lenguaje audible. Es una apuesta por transformar la indignación en acción coordinada y con impacto material.
No se trata de trazar equivalencias absolutas entre luchas, sino de reconocer un repertorio de resistencia que sigue vigente. La idea de que la economía puede ser un campo de batalla ético, que consumir —o dejar de consumir— puede ser un gesto político, y que la solidaridad internacional puede expresarse mediante decisiones cotidianas.
Al final, tanto en la India colonial como en la Palestina actual, el mensaje es similar: cuando un sistema se sostiene sobre la legitimidad y la participación tácita de muchos, retirar esa colaboración se convierte en un acto de poder. Gandhi lo sabía. Y hoy, ese saber resurge en cada producto que no se compra, en cada inversión que se redirige, en cada artista que cancela un concierto. La lucha por la justicia, al parecer, también sabe repetirse con esperanza.
Cuando Gandhi emprendió la Marcha de la Sal en 1930, no estaba solo protestando contra un impuesto británico. Estaba desnudando la paradoja más cruda del colonialismo: cómo un sistema opresor depende de la complicidad económica de los oprimidos. Aquel acto aparentemente modesto —recoger sal en la playa en desafío al monopolio británico— contenía una lección profunda: la resistencia puede tomar la forma de una negación silenciosa pero masiva a participar en la propia explotación. Era un boicot, sí, pero también era un acto de reafirmación cultural y autonomía política.
Hoy, miles de kilómetros y décadas después, ese mismo principio late en el movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones). No es casualidad que sus estrategias evoquen las luchas anticoloniales del siglo XX. Frente a la ocupación israelí y la crisis humanitaria en Gaza, la propuesta es similar: utilizar la presión económica y cultural no como un fin, sino como un lenguaje de protesta capaz de traspasar fronteras y forzar accountability donde los mecanismos diplomáticos han fallado.
Claro, los contextos son distintos. El imperio británico en India y la ocupación israelí en Palestina responden a realidades históricas diferentes. Pero el hilo que los une es la convicción de que las estructuras de poder, por más asimétricas que sean, son vulnerables al rechazo organizado. Así como los telares de Gandhi hilaban algodón indio para romper con los textiles británicos, hoy artistas, académicos, universidades y fondos de inversión se desvinculan de empresas e instituciones que sostienen la ocupación.
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No se trata de trazar equivalencias absolutas entre luchas, sino de reconocer un repertorio de resistencia que sigue vigente. La idea de que la economía puede ser un campo de batalla ético, que consumir —o dejar de consumir— puede ser un gesto político, y que la solidaridad internacional puede expresarse mediante decisiones cotidianas.
Al final, tanto en la India colonial como en la Palestina actual, el mensaje es similar: cuando un sistema se sostiene sobre la legitimidad y la participación tácita de muchos, retirar esa colaboración se convierte en un acto de poder. Gandhi lo sabía. Y hoy, ese saber resurge en cada producto que no se compra, en cada inversión que se redirige, en cada artista que cancela un concierto. La lucha por la justicia, al parecer, también sabe repetirse con esperanza.